Denuncian penalmente a Hernán Casciari por siete producciones audiovisuales con devoluciones de menos del 3%

La cosecha audiovisual de Hernán Casciari entre 2020 y 2024 quedó bajo la lupa de la Justicia porteña. Dieciocho personas que aportaron dinero a siete proyectos de Orsai Audiovisuales radicaron una denuncia penal contra el escritor y la firma que preside, con el argumento de que los retornos obtenidos en la mayoría de los casos fueron inferiores al 3% de lo invertido. La presentación fue realizada por el abogado Ariel Gil Ces ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y quedó radicada en la Fiscalía N.º 16, según consta en el escrito judicial al que tuvo acceso este medio.

Según el detalle de la denuncia, los denunciantes compraron participaciones por montos que oscilaron entre 50 y 3.000 dólares cada uno. En total, los siete proyectos sumaron aproximadamente 23.640 bonos vendidos, una cifra que no se traduce en igual cantidad de personas: varios inversores adquirieron participaciones en más de una producción. La causa describe un esquema de financiamiento colectivo en el que los aportantes esperaban recuperar su capital con una rentabilidad que, en la mayoría de los casos, nunca llegó.

Las siete producciones bajo investigación

• Sola en el Paraíso: documental sobre la actriz Justina Bustos rodado durante la pandemia, lanzado en 2020 con 938 participaciones. Los denunciantes sostienen que la obra terminó publicada de manera gratuita en YouTube sin aviso previo a los inversores.
• La Uruguaya: película basada en la novela de Pedro Mairal, que habría recaudado unos 600.000 dólares a través de 1.967 participaciones. Fue vendida a Disney por el mismo valor que costó producirla, lo que permitió devolver el capital pero sin margen de ganancia.
• Canelones: proyecto lanzado en 2021 que reunió 5.495 participaciones. Fue presentado primero como miniserie de seis capítulos, luego de cuatro episodios y finalmente como película, sin rendiciones económicas diferenciadas por etapa.
• La Muerte de un Comediante: ópera prima de Diego Peretti, con 10.139 participaciones y una recaudación superior a 1.800.000 dólares. Es el proyecto con mayor cantidad de reclamos: los retornos informados van de 1 a 84,60 dólares.

El caso más resonante es el de La Muerte de un Comediante, que reúne más de diez mil participaciones y una recaudación declarada de más de 1,8 millones de dólares. En este filme los denunciantes afirman haber recibido montos irrisorios en comparación con lo aportado, con un piso de un dólar y un techo declarado de 84,60 dólares. Sebastián Angelini, que invirtió 2.900 dólares, declaró en el expediente que su objetivo era abrir un negocio con las ganancias que esperaba obtener de la película.

La denuncia incluye además el testimonio de María Alecia Izturriaga, que adquirió un bono de 50 dólares para Sola en el Paraíso. La denunciante sostuvo: "Encima de que no se promocionó ni se supo más nunca qué pasó con eso, la suben gratis sin avisar". En tanto, Marcelo Vaccarili, que aportó 1.200 dólares a Canelones, explicó que confió en el proyecto cuando se confirmó el elenco: "Cuando los actores elegidos fueron actores reconocidos como Barassi, Rada, Llinás y Bordón, no tuve dudas del éxito de la serie". El estreno en salas de esa película fue anunciado para el 6 de agosto de 2026.

Otro punto sensible del expediente es el rol que cumplió el futbolista uruguayo Sebastián Fernández, quien según la denuncia prestó su cuenta bancaria personal en el Banco Santander de Uruguay para que los fondos recaudados por La Uruguaya pudieran canalizarse formalmente. El mecanismo habría permitido sortear limitaciones operativas de la empresa en el país vecino, aunque los denunciantes remarcan que eso no alteró el resultado económico final, dado que la venta a Disney se hizo al mismo precio de costo.

La presentación judicial se apoya en documentación de transferencias, comprobantes de compra de bonos y comunicaciones internas que, según los denunciantes, dan cuenta de un esquema de financiamiento con promesas de retorno que no se cumplieron. La Justicia porteña deberá ahora determinar si existen elementos para imputar a Casciari y a los responsables de Orsai Audiovisuales por los delitos que eventualmente correspondan, en un expediente que por volumen de aportantes y montos comprometidos promete convertirse en una referencia para el cine independiente financiado por multitudes en la Argentina.