El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a 27 personas en el juicio por la organización que operaba como Templo Filadelfia, en una causa donde la fiscalía federal —a cargo del fiscal general Alberto Gentili— describió un sistema de sometimiento de personas en situación de vulnerabilidad mediante explotación laboral, servidumbre y reducción a la identidad. La sentencia fijó además reparaciones por 2.170.467.831,20 pesos para 27 víctimas y ordenó el decomiso de 46 inmuebles, 12 vehículos y dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera.

Penas y autores principales

Eva Petrona Pereyra fue condenada a 24 años de prisión, la pena más alta del veredicto. El tribunal la consideró jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada, y la condenó además como partícipe necesaria en hechos de supresión y alteración de identidad de menores y falsedad ideológica de documento público. Rigoberto Ismael Mora Bogado recibió 21 años y otros siete acusados fueron condenados a 18 años, montos que coincidieron con los pedidos por la fiscalía.

En dos casos —Víctor Abraham Ayunta y Damaris Fernanda Sabich— los jueces dispusieron condenas únicamente por asociación ilícita y absoluciones por trata agravada y reducción a la servidumbre. El fallo también declaró la prescripción de hechos que perjudicaban a nueve personas y de una acusación por abuso sexual contra Pereyra, lo que dejó ese tramo de la imputación fuera del cómputo de pena.

Cómo operaba la estructura

Durante el debate se estableció que el Templo Filadelfia funcionó, al menos, desde 1972 hasta el 1° de diciembre de 2020, con sede central en San Justo, partido de La Matanza, y anexos en distintos puntos del país, Paraguay y Brasil. Según Gentili, el mecanismo combinaba trabajo explotado, aislamiento, vigilancia y sanciones, e incluyó restricciones sobre los vínculos personales y la vida afectiva de las víctimas.

• Reparaciones económicas: 2.170.467.831,20 pesos para 27 víctimas.
• Decomiso de 46 inmuebles en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro.
• Decomiso de 12 vehículos y del dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera.
• Subasta de otros 15 automotores, medida ordenada durante la instrucción de la causa.

Próxima instancia procesal

La sentencia abre la etapa de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde las defensas pueden cuestionar las condenas, los montos de pena y la extensión temporal reconocida a la organización. Hasta tanto esa instancia se expida, las personas condenadas que se encuentren detenidas permanecerán bajo prisión preventiva, mientras que las que atravesaron el juicio en libertad quedaron sujetas a las reglas que oportunamente fije el tribunal de ejecución. La resolución, por su parte, constituye un antecedente relevante para causas en las que se investigan organizaciones con apariencia religiosa o comunitaria y explotación laboral sistemática, al fijar criterios sobre el decomiso de bienes y la cuantificación de reparaciones.