El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar de su cargo, con carácter preventivo, al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. La medida fue adoptada en el marco de una causa caratulada por acoso sexual, cuya investigación penal preparatoria quedó a cargo del fiscal José Amallo, de la jurisdicción de San Isidro.

El expediente se abrió en julio de 2025, cuando una funcionaria que se desempeñaba en esa cámara presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su relato describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, y mencionó propuestas de encuentros personales. La presentación incluyó chats y audios como material probatorio.

Los cargos que formuló el Ministerio Público Fiscal

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, mediante descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado para beneficio personal.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y uso de su posición institucional con fines de intimidación.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
• Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

A partir de la denuncia original se abrió un sumario administrativo y, en paralelo, la investigación penal que conduce Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó la presentación ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que dio inicio formal al trámite del jury. Con posterioridad se acumuló al expediente una denuncia del Colegio de Abogados de San Isidro.

El jurado es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, y se integra con conjueces abogados y conjueces legisladores. Hasta el momento quedó acreditado que el magistrado se encontraba fuera de funciones por una licencia dispuesta por la Suprema Corte; el apartamiento preventivo ahora formalizado se suma a esa situación. Resta distinguir, en las etapas siguientes, entre los hechos probados y las hipótesis que aún se encuentran bajo análisis.

El proceso continúa con la producción y valoración de la prueba incorporada al expediente y con el análisis de cada uno de los seis cargos formulados. El jury deberá definir, en audiencia, si corresponde avanzar hacia el enjuiciamiento del magistrado o si se disponer medidas alternativas dentro del procedimiento disciplinario.