Pandanés busca un salvataje judicial tras cerrar sus 25 locales y desvincular a 150 empleados

La cadena de panaderías Pandanés cerró la totalidad de sus veinticinco sucursales en el área metropolitana y desvinculó a ciento cincuenta empleados, en el cierre de un proceso que la propia empresa describió como un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos. La presentación judicial se concretó luego de que la firma acumulara una cesación de pagos que, según consta en el expediente, se arrastra desde octubre de 2025.

Una planta sobredimensionada y un consumo que se derrumbó

En su pedido de quiebra, la compañía alegó una caída del consumo superior al cincuenta por ciento respecto de su volumen histórico, un incremento sostenido de los costos y un evidente sobredimensionamiento de su estructura industrial. La planta de mil setecientos setenta y ocho metros cuadrados, inaugurada en noviembre de 2022 cuando el negocio crecía, había sido concebida para abastecer hasta cincuenta locales propios. Con el cierre de las sucursales, la capacidad instalada quedó muy por encima de la demanda y los costos fijos —alquileres, energía y personal— se mantuvieron sin variaciones.

La empresa también señaló el encarecimiento de la harina, afectada por la suba internacional del precio de los granos, así como el aumento de servicios y salarios actualizados por paritarias. Según Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés, esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos. La compañía reconoció haber intentado renegociar alquileres, cambiar proveedores y alcanzar acuerdos con el fisco, aunque afirmó que esas medidas no alcanzaron para revertir la crisis.

La Justicia abrió un procedimiento de salvataje

El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra y ordenó la apertura de un registro por cinco días para que acreedores, cooperativas u otros interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de cuotas sociales. La decisión se fundó en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establece que el procedimiento de salvataje debe agotarse antes de declarar la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales. El pasivo de la empresa rondaba los mil doscientos millones de pesos al momento del concurso preventivo.

• Veinticinco sucursales cerradas en el área metropolitana.
• Ciento cincuenta empleados desvinculados, notificados por WhatsApp.
• Cesación de pagos declarada desde octubre de 2025.
• Planta industrial de 1.778 metros cuadrados habilitada en 2022.
• Caída del consumo superior al 50% según la empresa.
• Pasivo cercano a los 1.200 millones de pesos al momento del concurso.

Trabajadores a la espera de los telegramas y de sus pertenencias

Los dependientes fueron notificados de los despidos a través de mensajes de WhatsApp y, hasta el cierre de esta nota, no habían recibido los telegramas de despido formales ni habían podido retirar sus pertenencias de los locales. La sindicatura, además, detectó que la empresa no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, la ART y los aportes y contribuciones previsionales de los últimos meses, una irregularidad que se suma al cuadro de complejidad que rodea a la cadena y que será determinante al momento de evaluar cualquier propuesta de salvataje que se presente en el expediente.