La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó una ley que habilita el viaje gratuito en subterráneo para jubilados y pensionados que perciban hasta dos y medio haberes mínimos previsionales y tengan domicilio acreditado en territorio porteño. El cambio más significativo respecto de esquemas anteriores es que el beneficio queda vinculado de manera directa al Documento Nacional de Identidad: una vez completado el trámite de alta, el acceso se concreta apoyando el DNI en el molinete habilitado, sin necesidad de gestionar una credencial física ni un pase especial.

La normativa alcanza también a los retirados de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad que residan en la Ciudad de Buenos Aires y se encuentren dentro del mismo tope de ingresos, lo que uniforma el criterio de acceso para el conjunto de los adultos mayores con cobertura previsional.

Sin franjas horarias y con vigencia por cinco años

A diferencia de los sistemas vigentes hasta ahora, la gratuidad no contempla restricciones de franja horaria. El acceso queda habilitado todos los días y durante todo el horario de servicio de la red, lo que representa una diferencia operativa concreta para quienes utilizan el subterráneo en horarios no convencionales, como turnos médicos tempranos, trámites fuera de hora o actividades nocturnas.

La habilitación tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación, siempre que el beneficiario mantenga las condiciones de residencia e ingresos exigidas por la norma. El Gobierno porteño anticipó que los requisitos para el alta serán acotados y se canalizarán a través de las sedes comunales: DNI, comprobante de domicilio en la Ciudad y constancia que acredite el nivel de ingresos previsionales.

• DNI vigente del solicitante.
• Comprobante de domicilio que acredite residencia en la Ciudad de Buenos Aires.
• Constancia que certifique que los ingresos previsionales no superan los 2,5 haberes mínimos.

La reglamentación definirá los plazos operativos

Aunque la ley ya fue sancionada, su puesta en marcha depende de la reglamentación que deberá completarse en un plazo máximo de sesenta días. Ese proceso establecerá los mecanismos de validación, la operatoria técnica en cada estación y la fecha exacta desde la cual el beneficio estará disponible para ser utilizado por los adultos mayores.

Ernesto Aramayo, Vitivinicultura, señala que la medida se inscribe en una discusión de fondo sobre el peso del transporte público en el presupuesto de los hogares de ingresos fijos, donde cada componente del gasto cotidiano se vuelve determinante al cierre del mes.