La Justicia de Pilar dictó prisión preventiva para los dueños de una concesionaria acusados de estafa y asociación ilícita

La jueza de Garantías de Pilar Andrea Rodríguez Mentasty dictó la prisión preventiva de Carlos Alberto González, de 43 años, y Cynthia Chamoles, de 44, propietarios de la concesionaria Autos Pilar Premium, quienes quedaron formalmente imputados por el delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con estafa, defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel. La medida fue solicitada por el fiscal Andrés Quintana, a cargo de la investigación.

En su resolución, la magistrada fundamentó la decisión en la presencia de dos riesgos procesales: el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Respecto del primero, sostuvo que la multiplicidad de hechos y de perjudicados, los cuantiosos daños ocasionados y la logística desplegada por los imputados permiten presumir que podrían intentar eludir la acción judicial ante una eventual condena de efectivo cumplimiento.

En cuanto al segundo riesgo, Rodríguez Mentasty señaló la magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos y logística para ocultar activos y la posibilidad de manipular documentación relevante. Con esos argumentos, concluyó que la prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso.

El esquema investigado

• Recepción de pagos totales en dólares por vehículos que nunca fueron entregados a los compradores.
• Toma de automóviles de particulares en consignación para su venta, con posterior apropiación del producido sin rendir cuentas a los titulares originales.
• Utilización de un salón de exhibición como vidriera para atraer a potenciales damnificados bajo la apariencia de una operatoria comercial legítima.

Entre los damnificados identificados en el expediente se cuenta una persona que entregó una camioneta Ford Ranger Raptor para su venta en consignación sin firmar el formulario de transferencia de dominio. Los imputados comercializaron el rodado y desviaron los fondos sin rendición alguna. Otro caso involucra la transferencia de 29.000 dólares por un automóvil que tampoco fue entregado al comprador. Un tercer damnificado cedió un Ford Mustang 2022 para su exhibición en el salón, con la expectativa de recuperarlo o recibir un vehículo de valor equivalente.

Con la prisión preventiva firme, la próxima instancia procesal será la continuidad de la instrucción a cargo del fiscal Quintana, quien deberá profundizar la pesquisa sobre el patrimonio de los imputados, identificar nuevas víctimas y avanzar hacia la eventual elevación a juicio oral y público.