Condenan a un enfermero del PAMI rosarino por traficar fentanilo y otros fármacos hospitalarios

La Justicia federal de Rosario condenó a Luis Benavídez, enfermero del Policlínico PAMI II, a cuatro años y seis meses de prisión efectiva y a la inhabilitación por idéntico período para ejercer la profesión y ocupar cargos públicos. La resolución, dictada por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros el 4 de septiembre, se fundó en un acuerdo pleno entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, en el marco de una causa por comercio de estupefacientes (fentanilo), comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo (bromuro de vecuronio), hurto y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, según la calificación legal que las partes convalidaron.

El expediente acreditó que Benavídez sustraía medicamentos del establecimiento donde se desempeñaba desde 2014 y los ofrecía a través de redes sociales para consumo recreativo. La maniobra fue reconstruida a partir del teléfono de un hombre de 37 años hallado sin vida en su departamento el 9 de agosto de 2023, cuyo padre aportó el aparato y documentación a la Unidad Fiscal Rosario y denunció que su hijo adquiría fentanilo y otras sustancias al propio enfermero. La autopsia no logró determinar la causa de muerte, dado que el laboratorio provincial carecía de las técnicas requeridas para confirmar la presencia de vecuronio, si bien no se descartó un origen toxicológico. A la par, la pesquisa inicial por el fallecimiento quedó archivada en la justicia provincial.

Lo probado y lo que resta esclarecer

Con base en los mensajes y audios extraídos del celular del comprador fallecido, la fiscalía pudo demostrar que Benavídez coordinaba entregas y ofertaba sustancias de uso hospitalario obtenidas en su lugar de trabajo. En paralelo, durante uno de los allanamientos se secuestró una pistola que motivó el cargo por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. La hipótesis central del Ministerio Público Fiscal —que el enfermero comercializaba de manera sostenida fármacos desviados del sistema de salud público— quedó respaldada por la confesión del acusado y por la homologación judicial del convenio, mientras que la conexión entre las sustancias y el fallecimiento del comprador no pudo establecerse con certeza pericial.

• Pena: 4 años y 6 meses de prisión efectiva.
• Inhabilitación: 4 años y 6 meses para ejercer enfermería y cargos públicos.
• Delitos reconocidos: comercio de estupefacientes (fentanilo), comercialización de sustancias medicinales peligrosas (bromuro de vecuronio), hurto y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
• Instancia procesal: la condena ya fue homologada por el juez Carlos Vera Barros el 4 de septiembre; resta el cómputo de la pena y, eventualmente, el cumplimiento en un establecimiento federal.

De este modo, el proceso avanzó como un caso de corrupción sanitaria con derivaciones narco: la conducta probada se circunscribió al tráfico y la sustracción de medicamentos, sin que la justicia federal pudiera atribuir formalmente la muerte del consumidor a las sustancias comercializadas. La próxima instancia será el cómputo definitivo de la pena y su ejecución, cuya fecha precisa no fue consignada en la información disponible.