El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza, a instancias de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, homologó los acuerdos de juicio abreviado alcanzados con 24 personas imputadas en una causa por contrabando de armas y municiones hacia Chile. Las sentencias, firmadas el 3 de agosto pasado por el juez Héctor Fabián Cortés, fijaron penas de hasta seis años de prisión e incluyeron los delitos de asociación ilícita, contraband o agravado en grado de tentativa, tenencia de armas de fuego y, en varios casos, infracciones a la ley de estupefacientes. Resta resolver la situación de los últimos encausados y eventuales recursos de las defensas.

Cómo estaba organizada la red

De acuerdo con lo acreditado en el expediente, la estructura tenía roles definidos y abarcó a quienes dirigían las operaciones, a los encargados del acopio y traslado del armamento, a los choferes de camiones que cruzaban la frontera con cargas declaradas y armas ocultas en las cabinas, y a personas que recibían transferencias de dinero desde Chile a través de empresas de remesas, entre ellas Western Union. La maniobra se extendió, según la investigación, entre octubre de 2021 y diciembre de 2023.

La organización articuló dos vías de abastecimiento. La primera partía del mercado legal argentino: varios de los involucrados contaban con permisos de legítimo usuario y desviaban armas hacia el circuito ilegal. La segunda se sostenía con contactos en Brasil, desde donde se abastecían de manera complementaria. Para llevar el material hasta la frontera cuyana, los acusados utilizaban camiones con cargas lícitas y ómnibus de larga distancia, en los que pasajeros chilenos trasladaban pistolas y cargadores en el equipaje de mano o en bodega.

El operativo que expuso el mecanismo

Uno de los hitos de la pesquisa se registró en diciembre de 2023, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un ómnibus sobre la ruta 38, en el sur de Tucumán. Dos pasajeros con antecedentes penales en Chile transportaban ocho pistolas calibre 9 milímetros y 13 cargadores: uno llevaba cinco armas adosadas al cuerpo y el otro ocultaba tres en un bolso con ropa. Lo probado en ese procedimiento fue determinante para consolidar la hipótesis acusatoria sobre el funcionamiento de la organización.

• Secuestro de 36 armas de fuego de distintas marcas y calibres, entre ellas pistolas 9 milímetros.
• Incautación de 32 cargadores y más de 2.000 municiones, además de varios accesorios.
• 24 condenados mediante juicio abreviado, con penas de hasta seis años de prisión.
• 5 imputados que accedieron a suspensión de juicio a prueba por plazos de uno o dos años.
• 4 personas sobreseídas porque el estupefaciente secuestrado fue considerado de consumo personal.

La resolución homologada por el Tribunal Oral Federal N° 2 separa, tal como exige el sistema procesal, lo efectivamente probado —la existencia de la asociación ilícita, los envíos detectados y los secuestros— de las hipótesis pendientes de acreditación, en particular el destino final del armamento ya cruzado hacia territorio chileno y la identidad de eventuales receptores que aún no fueron identificados en la causa. La instancia que se abre ahora es la de cumplimiento de las condenas firmes y la definición de la situación procesal de los imputados restantes, cuya resolución se espera en las próximas audiencias del mismo tribunal.