Mendoza abre una mesa de negociación para familias ahogadas por deudas de tarjetas y préstamos personales

La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza puso en funcionamiento un canal de conciliación gratuita destinado a personas físicas con dificultades para sostener el pago de tarjetas de crédito, préstamos personales y otros financiamientos al consumo. El mecanismo se articula a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC) y apunta a abrir una instancia formal de negociación con bancos, financieras, mutuales, cooperativas y plataformas digitales que operen con autorización en el país.

El procedimiento no impone condiciones a las entidades. Cualquier modificación sobre el capital adeudado, los intereses o los plazos depende de que cada acreedor acepte la propuesta. En concreto, la mediación puede derivar en una extensión del plazo de pago, en un esquema de cuotas distinto al original, en la suspensión temporaria de las ejecuciones o en la eliminación de intereses punitorios y cargos por mora. La quita o reducción del capital también forma parte del menú posible, aunque queda condicionada a la voluntad de la parte acreedora.

Quiénes pueden solicitar la mediación

• Personas con domicilio real en la provincia de Mendoza y que revistan como consumidoras finales.
• Hogares donde los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar.
• Familias en situación de especial vulnerabilidad, para las que el umbral baja al 25%.
• Casos de insolvencia personal o familiar graves o inminentes.

La normativa prevé un tratamiento diferenciado para los hogares que atraviesan especial vulnerabilidad. En ese universo quedan comprendidos los grupos con menores a cargo, las personas con discapacidad, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, los desocupados, los beneficiarios de planes sociales y los trabajadores informales. Para todos ellos, el tope de compromisos se reduce al 25% de los ingresos netos del grupo conviviente.

Alcances y topes del procedimiento

El capital total adeudado no puede superar el equivalente a cien salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de pedir la intervención. Quedan alcanzados los préstamos personales, el financiamiento de compras, las tarjetas de crédito emitidas por bancos o entidades autorizadas, y los créditos otorgados por plataformas financieras, mutuales y cooperativas. La herramienta se diseñó para deudas familiares y no para obligaciones comerciales o empresariales.

Quedan fuera del procedimiento las deudas con garantía hipotecaria, las obligaciones alimentarias, las multas, las sanciones administrativas y las derivadas de ilícitos penales. Tampoco se contempla la reestructuración de pasivos vinculados a actividades comerciales o productivas ajenas al consumo del hogar.

Cómo se inicia el trámite

El primer paso se concreta en la OCDC, donde el solicitante debe detallar la totalidad de sus acreedores, los montos adeudados y un inventario actualizado de sus activos y pasivos. Con esa información, Defensa del Consumer convoca a cada uno de los acreedores involucrados, que cuentan con hasta diez días hábiles para informar su postura. A partir de allí, la oficina trabaja en la búsqueda de acuerdos que se ajusten a la situación patrimonial y de ingresos declarada por el consumidor.

La Provincia busca ordenar un fenómeno en crecimiento. En las últimas audiencias públicas convocadas por la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, referentes del sector financiero reconocieron un deterioro creciente en la calidad de la cartera de préstamos personales y tarjetas, con tasas de mora que en algunos segmentos superan el 6%. El cuadro general se completa con la dolarización informal de deudas, una práctica que distintas entidades vienen registrando y que se volvió frecuente entre familias con ingresos en pesos.