La Justicia federal resolvió procesar con prisión preventiva al exagente de la SIDE Raúl Martins, de 77 años, por el delito de lavado de activos, y dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La decisión fue adoptada por la jueza María Servini, en el marco de una investigación que busca determinar si el exfuncionario intervino en operaciones para incorporar al circuito económico formal dinero que, según la hipótesis fiscal, provenía de la explotación sexual de mujeres.

La resolución de la magistrada rebate el principal argumento defensivo: la afirmación de que las 26 operaciones atribuidas a Martins, entre ellas adquisiciones de propiedades y administración de sociedades, correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, es decir, a un período previo al que la propia justicia tuvo por acreditado para el delito antecedente de explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

La respuesta del juzgado a la defensa

En su descargo, Martins se abstuvo de responder preguntas durante la indagatoria y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, subsidiariamente, la falta de mérito. Según su planteo, las operaciones cuestionadas eran anteriores al delito que se consideró firme. Además, sostuvo que la acusación por trata se redujo al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y que las denuncias por otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito.

Servini explicó que una sociedad constituida antes del delito investigado puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de creación de las empresas no resultaba suficiente para descartar las maniobras. La magistrada valoró de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares. En su criterio, Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final.

Origen de la pesquisa y situación procesal

• El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, a partir de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.
• La causa fue impulsada por la fiscalía federal a cargo de la investigación por lavado de activos, con base en el delito antecedente de explotación sexual.
• Martins fue detenido en México en 2019 y su traslado desde Cancún a la Argentina quedó a cargo de las autoridades que tramitaron la extradición.
• Con el procesamiento con prisión preventiva, la Justicia consideró reunidos los elementos de probabilidad requeridos para avanzar hacia la etapa de juicio oral.

La defensa sostuvo que las 26 operaciones atribuidas a Martins correspondían a 2009, 2010, 2011 y 2012, anteriores al período del delito antecedente firme, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014. Para Servini, en cambio, la antigüedad de las maniobras no descarta su utilización posterior con fines de lavado.

De este modo, lo probado quedó circunscripto a la existencia de los hechos investigados y a la acreditación del delito antecedente de explotación sexual en el período señalado, mientras que la hipótesis en discusión apunta a que esas estructuras societarias habrían sido utilizadas con posterioridad para administrar y disimular fondos de origen ilícito. La defensa anunció que cuestionará la decisión en las instancias superiores. La siguiente etapa procesal será el avance hacia el debate oral, una vez que el procesamiento quede firme.