La fiscalia federal de Rosario impulso esta semana una serie de pedidos de detencion en el marco de una causa que investiga a Terminal Puerto Rosario como supuesta pantalla para el lavado de activos provenientes de dos origenes distintos: sobornos cobrados en Espana y ganancias del trafico de cocaine en el sur santafesino. La maniobra, segun describen los representantes del Ministerio Publico Fiscal, se extendio durante casi dieciseis anos y conto con la participacion de exdirectivos de la terminal, firmas del sector agroexportador y entidades financieras del microcentro rosarino. El embargo solicitado sobre los bienes de los imputados asciende a aproximadamente cien millones de dolos.

El eje de la acusacion: el contador que ya tiene condena por narcotics

El principal apuntado en el expediente es Gustavo Pedro Shanahan, contador publico de sesenta y siete anos y expresidente de Terminal Puerto Rosario. En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal numero 2 de Rosario lo condeno a siete anos de prision por integrar la organizacion de un narcotraficante de origen peruano. Segun consta en aquel debate, Shanahan operaba desde una financiera ubicada en calle Espana al 889 de esta ciudad, considerada una de las cuevas de cambio mas relevantes del microcentro. Desde ese local proveyo dolos para la adquisicion de cocaine que luego era distribuida en la region. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 permitio secuestrar en el lugar mas de treinta y cuatro millones de pesos en efectivo, divisas, mas de cuatro kilos de cocaine y armas de fuego.

El otro vertiente: fondos europeos con sello espanol

La investigacion suma a la plataforma portuaria un circuito paralelo con anclaje en Europa. Entre 2004 y 2005, conforme la reconstruccion de los fiscales, ingresaron a Terminal Puerto Rosario fondos provenientes de una firma offshore vinculada al empresario espanol Jordi Pujol Ferrusola. Se trata de 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local que utilizo ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia de Espana, en un fallo confirmado en 2021, declaro ilicito el patrimonio de la familia Pujol, al considerar que tuvo origen en comisiones y sobornos percibidos durante decadas a partir de la adjudicacion de obra publica y de licencias urbanisticas en esa region.

El mecanismo descripto por los fiscales

• El dinero de origen ilicito ingresaba al puerto bajo la apariencia de aportes societarios o de capital fresco para la concesionaria.
• Entre 2010 y 2012, el paquete accionario de la terminal se vendio por tramos a empresas del sector agroexportador, de modo que los fondos que habian entrado como inversion salian como precio de venta, ya lavados.
• Parte de esos fondos regresaba al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le permitio a Shanahan transferir 850.000 dolos en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.
• Los fiscales detectaron al menos diez contratos de prestamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el unico fin de romper el rastro contable.

Por el momento, la causa cuenta con elementos probatorios consolidados en dos frentes. En el plano local, pesa sobre Shanahan la condena de 2023 por integracion a una organizacion dedicada al trafico de cocaine y las evidencias reunidas en el operativo de octubre de 2021 en la financiera de calle Espana. En el plano internacional, la justicia de ese pais ya declaro ilicito el patrimonio de los Pujol Ferrusola y confirmo la sentencia en instancia superior. Lo que resta dilucidar es la conexion especifica entre ambos circuitos, la magnitud del dinero que efectivamente ingreso a la terminal y la responsabilidad que les cupo al resto de los exdirectivos y a las firmas que adquirieron el paquete accionario.

Segun pudo reconstruir este medio, el pedido de los cinco fiscales federales contempla la detencion de los exdirectivos involucrados y el embargo preventivo de bienes por unos cien millones de dolos. La instancia procesal inmediata sera la evaluacion del requerimiento por parte del juzgado federal interviniente, que debera resolver sobre las medidas de privacion de la libertad y sobre el alcance patrimonial del bloqueo. La fecha prevista para esa audiencia aun no fue confirmada de manera oficial.